COMENTARIO A LA SENTENCIA 241/2012 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: UN RETROCESO PARA EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES.

Dicha sentencia conoce en recurso de amparo sobre la posible vulneración del derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones de dos trabajadoras. Estas trabajadoras instalaron un programa en los ordenadores de la empresa para chatear entre ellas. Según consta en el relato fáctico de la sentencia, dicha acción estaba prohibida por la empresa. Los mensajes que intercambiaban las trabajadoras quedaban almacenados en los ordenadores sin necesidad de clave. Un trabajador detectó dichos mensajes y procedió a informar a la empresa. La empresa, en una reunión 2 meses después de conocerse tales hechos,  amonestó verbalmente a las trabajadoras.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional entiende que hay dos elementos claves para valorar su fallo: que el ordenador era de uso comun para todos los trabajadores y que la empresa habia prohibido instalar programas en el ordenador como fruto de su poder de dirección.

Lo anterior, lleva a la mayoria de la Sala a considerar no vulneradora de derechos fundamentales la actuación llevada  a cabo por la empresa tal y como expresa textualmente la sentencia por:

“(…)Estamos ante comunicaciones entre dos trabajadoras que se produjeron al introducirse el programa en un soporte de uso común para todos los trabajadores de la empresa sin ningún tipo de cautela. En este sentido, quedan fuera de la protección constitucional por tratarse de formas de envio que se configuran legalmente como comunicación abierta, esto es, no secreta.

No puede calificarse como vulneradora del derecho del secreto de las comunicaciones la intervención empresarial analizada, por cuanto que, además, la misma se produce a partir de un hallazgo casual de uno de los usuarios, trabajador de la empresa, que transmite su contenido a la dirección, ajustando ésta su actuación de control a un siuficiente canon de razonabilidad, sin que se atisbe lesion de derechos fundamentales de las trabajadoras afectadas puesto que el acceso al contenido del programa de mensajeria <<Trillian>> sólo se produjo cuando la empresa tuvo conocimiento de la instalación del programa (mediados de octubre del año 2004) a través de otro empleado.”.

 Hay que manifestar que, para Germinal Abogados, esta sentencia es un paso atrás, dicho con el debido respeto, respecto del contenido y garantías de dos derechos fundamentales de máxima relevancia como lo son el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones.

En este sentido hay que señalar que la sentencia tiene voto particular de dos magistrados de la Sala que recuerdan que el trabajador cuando se inserta en el mundo laboral mantiene una serie de derechos fundamentales como ciudadano que no desaparecen por verse sometidos al poder de dirección del empresario. Asimismo, mantienen que el empresario no tiene un poder omnímodo  sin condicionantes, sobre las herramientas que pone a disposición del empresario.

Igualmente, hacen un repaso al contenido de la sentencia 114/1984 del Alto Tribunal que configura el derecho al secreto de las comunicaciones como un derecho formal, independientemente de su contenido y pertenezca o no la comunicación de la misma al ámbito de lo personal, intimo o reservado.

Apunta el razonamiento de los magistrados a que el incumplimiento de la orden del empresario, como es el caso, puede dar lugar a imponer una sanción de orden laboral pero no a vulnerar directamente un derecho fundamental. Sostienen que esta vulneración se produjo puesto que la empresa sí entró a leer los mensajes y de hecho, redactaron un resumen de los mismos que mostraron ante las trabajadoras, sin autorización de las mismas y sin autorización judicial.

Concluyen manifestando que pese a que el ordenador fuera de uso común, esto no justifica que se pueda acceder a los mensajes igual que en el proceso de reparto a domicilio postal o su entrega mediante casilleros abiertos no autoriza a nadie a abrir una carta que no es suya. Es por ello, y en virtud del artículo 1.1. de la Constitución Española que consagra al Estado como social y democrático de derecho que esta sentencia atenta contra los principios y configuración de derechos que ordena el vigente modelo constitucional.

Germinal Abogados C.B.

 

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