Mediante esta sentencia el Tribunal Supremo estima la demanda que solicitaba el reconocimiento del derecho de los trabajadores a cobrar el aumento del 3% de los conceptos salariales por el IPC devengado en el año 2010. En un tiempo de empeoramiento y ataques a la negociación colectiva esta sentencia hace prevalecer precisamente el derecho a la negociación colectiva ante los argumentos de la empresa y de la Abogacia del Estado sobre el equilibrio presupuestario y demás posturas tan en liza en la actualidad:
